La abogada especialista en derecho migratorio, de asilo y ciudadanía, Paula Carello, analizó una escalada de acciones y declaraciones que estigmatizan a las personas migrantes y las asocian, sin datos que lo respalden, a los supuestos males del país como el aumento de la delincuencia y la pobreza.
Carello destacó el valor y los aportes de esta población a nuestra sociedad y afirmó a Rosario3: “Las contribuciones de las personas migrantes a nuestra sociedad son innegables. La culpabilización con relación a problemas estructurales es preocupante”.
La docente y presidenta de la Fundación Migra respondió a las diversas embestidas instaladas en la agenda pública, por ejemplo una supuesta suba de los extranjeros ligados al delito. Habló de la importancia de basar el debate en datos objetivos. Según un informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP), solo el 4,9% de la población encarcelada en Argentina es extranjera, cifra que ha disminuido en los últimos años.
Esa población representa apenas el 0,25% de las casi dos millones de personas migrantes que viven en Argentina. Los números reflejan una realidad distinta a la narrativa negativa que se presenta en algunos medios y que expresan dirigentes políticos.
Aunque toda mejora en la legislación y políticas públicas es debatible, no parece encontrarse allí (en el número de personas migrantes que se encuentran en conflicto con la ley penal) el origen de la inseguridad en el país. La desinformación o culpabilización de un colectivo puede influir en reacciones negativas hacia grupos particulares (como ser la xenofobia y actos sociales discriminatorios, hacia las personas migrantes, en este caso), explicó la titular del Instituto de Derecho Migratorio y de los Refugiados, del Colegio de Abogados de Rosario.
Lo que sigue es el análisis de Carello sobre los principales ejes y desafíos de la temática migratoria:
La política del gobierno en materia migratoria
Entiendo que no existe, a la fecha, una “política migratoria” definida del gobierno nacional actual. Lo que existen son algunos indicios de lo que podría, eventualmente, llegar a ser un “esbozo” de política migratoria. Procedimientos administrativos aislados, respecto a cuestiones puntuales.
El desarrollo de una política migratoria es un proceso complejo que debería involucrar a diversos actores de gobierno (de los tres poderes y tres niveles de gobierno: Nación, provincias, municipios) y de la sociedad civil: el sector privado, academia, las personas migrantes (y sus diversos perfiles y categorías), abordando una amplia gama de temas.
Desde un enfoque técnico, este proceso implica una evaluación del pasado (acciones previas en materia migratoria, utilidad de la normativa vigente para hacer frente a problemas); un análisis del contexto actual (los actores involucrados, los problemas, beneficios potenciales, entre otros) y una proyección hacia el futuro. Esto implica definir objetivos claros y establecer mecanismos para la implementación, monitoreo y evaluación de la política migratoria. Es fundamental que esta política tenga un plazo de implementación determinado y que, idealmente, sea revisada y actualizada periódicamente para adaptarse a los cambios en el contexto migratorio.
La política debe ser lo suficientemente flexible y amplia (grandes lineamientos) para que no deba ser adaptada y ajustada tan frecuentemente, pues el tema migratorio es complejo y cambia rápidamente (tuvimos un gran flujo de población venezolana y más tarde de ciudadanos rusos). Luego, se establecen planes de acción (que sí tienen una vigencia temporal más acotada, y que se vinculan con temas específicos, por ejemplo el Plan de Integración o Inclusión; Plan de Vinculación con la Diáspora, Plan sobre Personas Migrantes y Mercado de Trabajo).
Lo ideal es que la política migratoria sea “de estado” y no “de gobierno”. Así, no debe ser modificada con cada cambio de gestión.
El pedido para expulsar rápido a “extranjeros que cometan delitos”
Desde una perspectiva técnico-jurídica y considerando el contexto, considero que las declaraciones que piden reponer el decreto 70 de 2017 plantean un debate significativo en nuestra comunidad. El tema migratorio es intrínsecamente complejo y requiere un enfoque cuidadoso y equilibrado. Las declaraciones se acompañaron de una destacada cobertura mediática que resaltaba casos de extranjeros involucrados en delitos, lo cual ha continuado hasta la fecha.
Pienso que cualquier intención de restituir dicha normativa debe ser analizada cautelosamente. El DNU 70/2017 (que modificó la ley de migraciones) trajo importantes impactos negativos para muchas familias migrantes (y argentinas, pues muchas son binacionales), y los cuales sufren hasta hoy, sus consecuencias.
La principal consecuencia de aquel decreto fue (y es) que muchas personas migrantes fuesen expulsadas del país sin haber podido acceder a derechos fundamentales como son las garantías procesales. Cientos de familias quedaron desmembradas.
Dicho decreto fue declarado inconstitucional, por las serias violaciones a las garantías del debido proceso adjetivo que poseía, y derogado ulteriormente en 2021.
Por otro lado, creo conveniente destacar que el gobierno saliente, a pesar de haber derogado el DNU 70 en marzo 2021, no evaluó lo actuado ni el destino de las personas afectadas por dicha norma -lo cual hubiese sido justo y razonable.
Estudiantes deportados y límites a “migrantes pobres”
El tema del rechazo de personas extranjeras en frontera, por ser considerados “falsos turistas”, es bastante polémico y sobre el que deberían aclararse ciertas cuestiones. La Disposición de la Dirección Nacional de Migraciones número 4362/2014 establece el “procedimiento para la resolución de casos sobre sospecha fundada en la subcategoría turista”. Lo que, en la práctica, quiere decir que los inspectores de migraciones pueden rechazar, en frontera (y devolver a su país de origen o procedencia), a las personas que no posean -a su criterio- el perfil de “turista”. Es decir, conforme a dicha normativa, “quien ingrese al país con propósito de descanso o esparcimiento”.
Los rechazos por “falso turista” han sido no sólo de estudiantes brasileños, sino también de otras nacionalidades (ecuatorianos, colombianos, peruanos, venezolanos, entre otros). Lamentablemente, han tenido mal asesoramiento, el cual se conjugó con una aplicación estricta de la norma por parte de las autoridades. Creo que dichos rechazos deberían ser abordados de manera holística, entre las autoridades argentinas, las consulares de los países de origen, y el sector privado. Siempre, teniendo a la persona migrante como centro, basándose en el principio “in dubio pro migrante”, y en una resolución pronta y efectiva de los casos, promocionando una migración segura, ordenada y regular.
Con respecto a las limitaciones que plantean cerrar las puertas a “migrantes pobres”, evocan políticas similares a las de Villepin y Sarkozy en Francia, que abogaban por una «migración elegida» (la migration choisie), privilegiando a ciertos grupos considerados más beneficiosos y convenientes para el mercado y el sistema, en detrimento de otros. Esta perspectiva plantea un enfoque selectivo que puede percibirse como discriminatorio y excluyente. En un país cuyo preámbulo constitucional acoge a todos aquellos que deseen habitar su territorio nacional, considerar una política migratoria restrictiva con estas características es tanto inhumano como contraproducente desde el punto de vista legal y constitucional. La equidad, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos deberían ser los pilares fundamentales sobre los cuales se construyan las políticas migratorias, garantizando la igualdad de oportunidades y la inclusión de todas las personas, independientemente de su origen o situación económica.
Por otro lado, Lelio Mármora, catedrático en la materia, hace una clasificación interesante sobre la inserción laboral de las personas migrantes. Dice que “la inserción laboral del migrante en la sociedad receptora puede tener distintos efectos, tales como el SUPLETORIO, el COMPLEMENTARIO, el ADICIONAL, el COMPETITIVO, el INDEPENDIENTE, y el MARGINAL. Entiendo que no hay evidencia de que por ser “pobres” o, mejor dicho, de clase trabajadora, compitan con trabajadores argentinos. Por el contrario, en general, suelen tender a una inserción complementaria o de nicho. Además, están dispuestos a (re)ubicarse en lugares en donde falta mano de obra. A ello agregaría a modo de ejemplo, lo estudiado por el investigador Roberto Benencia, quien desarrolló el concepto de la “escalera boliviana” -comentando el ascenso económico-social que atraviesan muchas personas inmigrantes del país vecino, trabajadoras del sector de horticultura. Roberto Aruj también ha estudiado los resultados positivos de la inserción e integración de las personas migrantes al mercado de trabajo argentino.
Frases comunes y manipulaciones
En primer lugar, hay argumentos repetidos, como que los argentinos y argentinas no tienen por qué financiar con sus impuestos las necesidades (de educación y salud) de ciudadanos de países vecinos, que deberían ir acompañados de datos precisos que los avalen. Y hay que ser cautelosos en los discursos que construimos, como sociedad. Nuestro mercado, nuestro país, se nutre, se construye y se ha construido gracias a los aportes de la población migrante.
Hace unos años, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había confeccionado un informe interno (basado en datos estadísticos oficiales) en el cual se concluía que los aportes al sistema realizados por las personas migrantes (creo recordar, indocumentadas) eran mayores que lo que éstas tomaban de éste (salud, educación, etc). Dicho informe, no fue publicado (pero se hizo referencia a él en algunos foros de la ONU). También hay estudios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sobre Argentina, al respecto de aportes al mercado de trabajo de población venezolana, e impacto en el sistema de salud y educación de la población migrante -que no muestran un abuso ni desequilibrio.
Lo que ocurre es que es muy fácil manipular la información vinculada a los temas migratorios frente a personas que no conocen el tema en profundidad. Esto está ligado a lo mencionado anteriormente. La información más frecuentemente tergiversada está vinculada a datos estadísticos: cantidad de personas migrantes en general (hacer pensar en “aluviones”), cantidad de personas migrantes en conflicto con la ley penal (datos parciales y descontextualizados), cantidad de personas migrantes que utilizan los servicios de salud y su impacto a nivel económico y social, mecanismos de actuación potencialmente abusiva por parte de personas migrantes.
Eso se vio incluso con la afirmación realizada tras la derogación del DNU 70/2017 en 2021 de que dicha medida iba a permitir y promover el ingreso de delincuentes al país, siendo que la ley originaria de migraciones contenía ya prohibiciones de ingreso y permanencia a personas que han delinquido en sus países de origen o anterior residencia.
El impacto de los discursos sesgados
Para las personas migrantes, su pertenencia a la sociedad puede depender de la percepción pública de su relativa culpabilidad de ciertos males sociales.
La división sensible entre los grupos identificados como «nosotros» y «ellos», es compleja. Como ha señalado la doctora Guia, una experta en migración y derecho penal, la percepción del inmigrante como un «otro», un forastero, o incluso como un potencial enemigo cuya presencia se percibe como una amenaza, merece una profunda reflexión y debe ser abordada con cautela. En este sentido, es crucial considerar el impacto de las políticas migratorias en la cohesión social y en el respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas.
Hay interesantes estudios de renombrados académicos sobre la llamada “culpa de inmigración” (immigration blame), que traen luz a este tema. Hablan de la manipulación de las percepciones de daño y responsabilidad. Por un lado, se culpa a los migrantes de ciertos males sociales. Por otro, se culpa a los políticos de dichos males, por su mal desempeño. En un ida y vuelta interesante, digno de analizarse con diversos marcos teóricos, que van desde la psicología, hasta la filosofía, sociología, antropología, economía y ciencia política.
El problema radica en la atribución de culpa de ciertos males sociales a las personas migrantes, de manera injustificada -como suele ser en la mayoría de los casos-, lo cual tiene un matiz ético reprochable. Pues cuando se atribuye de manera justa, la “culpa” también puede ser un mecanismo racional de clasificación y acción en contextos sociales, legales y políticos, según han demostrado esos estudios.
Cambios urgentes y de fondo
La materia migratoria debe estudiarse y abordarse conjuntamente con otras materias, como el mercado de trabajo, los temas previsionales, de desarrollo humano y hábitat, de macroeconomía, y, sobre todo, derechos humanos. Partiendo del derecho humano a migrar, Argentina debería estudiar de qué manera puede hacer el mejor uso de la migración internacional, y de qué manera puede disminuir los riesgos que implica la movilidad humana, para las personas y las comunidades. El trabajo interdisciplinario es fundamental.
Dicho ello, hay ciertas cuestiones que creo prioritarias, como por ejemplo:
- Permisos de ingreso y residencias. La tramitación debería ser más ágil. Además, deberían preverse ciertas categorías migratorias como la de “trabajador autónomo” y revisar otras, como la de “inversionista”.
- Control fronterizo. Debería trabajarse sobre protocolos actualizados que tengan en cuenta los “derechos humanos en frontera”, promover más y mejor información sobre las vías de ingreso y migración regular al país, y mayor capacitación y sensibilización a los inspectores que trabajan en puestos de control fronterizo.
- Protección internacional. Argentina debería ampliar los mecanismos de ingreso y permanencia para personas refugiadas y en necesidad de protección internacional. El año pasado, se firmó el Plan Nacional de Reasentamiento y Vías Complementarias de Admisión. Sería excelente que ello se lleve a la práctica.
- Niñez. Hay muchísimos problemas vinculados a niñez en contextos de migración. Desde aquellos vinculados a las autorizaciones de viaje y residencia (muchas veces hay rechazos por estar mal o defectuosamente confeccionados), a temas de sustracción y restitución internacional de menores. También el reconocimiento de los menores (hijos de argentinos o extranjeros que no residen en el país) al nacer, o tardíamente (el litigio internacional en este sentido es muy complejo, y muchas veces quedan desamparados).
- Trabajo consular. Promover una mayor articulación entre Consulados y la Dirección Nacional de Migraciones (vinculados a visas, permisos de ingreso y residencias, y a expulsiones del país o rechazos en frontera), y una mejor coordinación entre autoridades argentinas y autoridades en países de destino (donde residen o viajan argentinos).
- Otros temas que también deberían ser prioritarios (y han sido relegados) son los de discapacidad y migración; mujeres, género y migración; derechos humanos lingüísticos.
Cada caso de migración conlleva una urgencia inherente para quienes lo experimentan. La dificultad para acceder a empleo estable debido a la falta de documentación, los obstáculos para continuar estudios universitarios o ejercer una profesión debido a la no convalidación de títulos, son solo algunos ejemplos de las barreras que enfrentan. La diversidad de situaciones es vasta y compleja, por lo que es fundamental abordar estas problemáticas de manera interdisciplinaria e integral.
Me atrevería a señalar que la urgencia radica en garantizar la correcta aplicación y ejecución de los procedimientos migratorios establecidos, así como de las políticas públicas derivadas de estos y las que puedan ser implementadas en el futuro. En este sentido, considero fundamental:
- Mejorar los procedimientos administrativos en materia migratoria para garantizar su eficacia, transparencia, y armonización con estándares internacionales de derechos humanos y buenas prácticas administrativo-institucionales.
- Impulsar programas de capacitación y sensibilización dirigidos al personal de todas las áreas involucradas en el proceso migratorio, desde el personal de atención al público hasta los cuerpos jurídicos, inspectores y supervisores, entre otros. Es relevante destacar la escasez de personal en ciertas áreas y los bajos salarios que se observan en muchos casos.
Como medida concreta, propondría la realización de una consulta o sondeo (de respuesta voluntaria) a todas las personas migrantes asociadas con la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). El propósito sería que pudieran expresar sus opiniones y prioridades directamente al organismo, proporcionando así una visión desde el otro lado del mostrador. Esta iniciativa podría llevarse a cabo en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, siguiendo el ejemplo de iniciativas similares llevadas a cabo en España, como la regularización propuesta en 2023.
Además, destaco la importancia de un estudio significativo, la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA), iniciada por colegas del Conicet y en la que Fundación Migra ha contribuido. Esta encuesta proporciona una base sólida para comprender las necesidades y preocupaciones de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Argentina. Asimismo, es fundamental considerar los contenidos de la Agenda Migrante 2023, un documento elaborado por numerosas organizaciones de la sociedad civil, que ofrece una guía detallada sobre los temas prioritarios que deben abordarse a nivel de la DNM y otros organismos relacionados con la materia.
Ahora, lo que faltaría, es hacer uso de esa valiosísima información recabada, para diseñar más y mejores políticas públicas vinculadas a lo migratorio.
Creo firmemente que la cuestión nos insta a reflexionar más profundamente sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad y sobre el tipo de país que deseamos construir. Nos llama a trabajar juntos, pues estamos todos en la misma situación. No se trata simplemente del futuro de nuestra nación, sino del futuro de la humanidad en su conjunto. Aquí estamos hoy, con todo lo que eso implica. Entonces, ¿qué acciones podemos emprender para avanzar y prosperar juntos? Creo que es momento de unir esfuerzos y trabajar en pos de un futuro mejor para todos. Los principios rectores del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (entre ellos, el enfoque pansocial y pangubernamental) son pilares básicos para la construcción colectiva.
