Tras anunciar el cobro de la atención médica a no residentes, Nación desplegó inspecciones en la ciudad y en la autopista. El concejal Caruana advirtió que el ahorro en salud es «falso» y que “Milei busca desviar la atención del fracaso de su gobierno”. Desde el municipio, afirmaron que el costo es “muy marginal”. La abogada Paula Carello criticó los operativos por considerar que “atemorizan” y “no promueven la regularidad migratoria”
Con dos acciones de alta visibilidad y rápido impacto político, aunque difuso alcance a largo plazo, el gobierno nacional colocó a los extranjeros como parte de una amenaza y un costo pesado para la sociedad. El martes anunció el cobro de la salud pública a los no residentes y horas después agentes federales desembarcaron en Rosario con “controles migratorios”.
Para Leonardo Caruana, concejal y ex secretario de Salud, el presidente Javier Milei “busca desviar la atención del fracaso de su gobierno” porque “el ahorro en salud es falso”. Es una inversión “muy marginal” (no llega ni al 1% del presupuesto) que además suele evitar gastos posteriores mayores en urgencias.
Además, la abogada especializada Paula Carello presenció el despliegue de la Dirección Nacional de Migraciones de este martes en el centro y cuestionó el enfoque de persecución que “no promueve realmente la regularidad migratoria, sino todo lo contrario” porque “atemoriza”.
Los datos, la distracción y el falso ahorro
La avanzada antimigrante comenzó (o se profundizó) hace dos semanas con un decreto para expulsar o prohibir el ingreso al país de aquellos extranjeros que «incitaren o dirigieran mensajes de odio” contra el pueblo argentino. Este martes, continuó con una resolución publicada en el Boletín Oficial para la atención y cobro en hospitales nacionales. El alcance es limitado: son apenas cinco instituciones y ninguna de ellas está en la ciudad.
Según informaron desde Salud municipal a Rosario3, la inversión no llega al 2,5% del presupuesto del área y corresponde al total de personas migrantes atendidas en el sistema. Eso incluye, sobre todo, a los residentes (quienes no están alcanzados por la discriminación que hace la resolución nacional).
Además, ese porcentaje mínimo abarca a los radicados en la ciudad que tienen obra social. Después de atender a esos pacientes, por ejemplo en el Heca por alguna urgencia, el Estado hace un recupero de esa inversión, a través del Centro Único de Facturación (CUF). Por todo eso, el supuesto ahorro en Rosario sería “muy marginal”, reconocieron.
El debate tiene un agravante porque se trata de un falso ahorro o un ahorro que puede salir más caro en muchos casos. “Esta es otra distracción que el gobierno nacional instala. Es para no hablar de la producción pública de medicamentos, no garantizar la medicación del Programa Remediar que hace que un hipertenso o un diabético no se descompense y evite internaciones, además de mejorar la vida de las personas”, afirmó Caruana a este medio.
“Todo eso que el gobierno nacional no hace se ve en millones de pesos de inversión posterior porque llegamos tarde. Descalifica la prevención, las vacunas, los laboratorios de producción pública de medicamentos a menor precio. Si todo eso se diera, no estaríamos discutiendo este porcentaje ínfimo”, agregó el médico y actual concejal.
Algo similar planteó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Precisó que en el sistema público, solo “el 0,4 % de las guardias y el 0,5 % de las internaciones” corresponde a extranjeros no residentes. “El sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos, no por extranjeros”, agregó.
“Si una persona enferma no accede a la atención por no poder pagar, el problema no es solo individual: es un riesgo para la salud de toda la comunidad. La salud es un derecho humano que debe ser garantizado, pero además siempre es más eficiente prevenir que curar”, amplió Caruana en un hilo en la red social X.
Soledad Rodríguez, actual secretaria de Salud pública municipal, aclaró que en Rosario no existe el denominado “turismo sanitario”, de personas de otros países que viajan solo para operarse gratis.
De una red local de 300 mil usuarios, apenas el 2,4% son pacientes de otras nacionalidades. Se trata, dijo la funcionaria local, de “una población estable” (en su mayoría residentes) que se atiende en los centros barriales. Son personas que viven hace años en la ciudad y que pagan sus impuestos.
Sobre ese punto, tanto Rodríguez como Caruana destacaron que es más eficiente (además de humano) prevenir que ir detrás de la urgencia de alguien que fue expulsado del sistema. “A nivel nacional, la mirada es de una política neoliberal donde prima el individualismo y la salud como un costo, no como un derecho”, resumió la secretaria en La primera de la tarde (Radio 2).
Estigmatizar y atemorizar al migrante en lugar de regularizar
La abogada especializada en derecho migratorio Paula Carello afirmó que los operativos de control son facultad de la Dirección Nacional de Migraciones y se pueden realizar con apoyo de personal policial. Sin embargo, aclaró, “lo que no es normal ni natural es el despliegue extraordinario de patrulleros y camionetas oficiales y la mediatización de estas cuestiones, que venimos presenciando desde hace algún tiempo, en diversos puntos del país, y que ahora tocó a Rosario”.
Carello presenció el accionar de este martes en San Martín y San Luis y contó a Rosario3: “La forma en la que se realizan estos operativos, acompañada de publicaciones en medios oficiales promoviendo las denuncias de personas migrantes en situación de irregularidad migratoria o con antecedentes penales no promueven realmente la regularidad migratoria, sino todo lo contrario”.
“Además de estigmatizar y romper el tejido social, estos mecanismos llevan a que la población migrante se atemorice, no se acerque al organismo para pedir información y asistencia en sus trámites, sino que permanecerá en irregularidad, si así lo están. Estas son, a mi entender, medidas de carácter simbólico, orientadas más a la construcción de rédito político que a una política migratoria efectiva”, agregó la presidenta del Instituto de Derecho Migratorio y de Derecho del Refugio del Colegio de Abogados de Rosario.
Ese punto quedó claro en medio del operativo céntrico de este mediodía. Automovilistas gritaron mensajes de odio contra los migrantes. “Vuélvanse a su país” o “cóbrenle en los hospitales”, fueron algunas de las réplicas en la calle de una xenofobia que se irradia desde el propio gobierno. También hubo quienes defendieron a las personas migrantes que trabajan, pagan impuestos, en algunos casos dan empleo: “¿Qué vienen a buscar acá?” o “¿qué hacen, a ellos los conocemos?”.
Este miércoles, el accionar se mudó al peaje de General Lagos de la autopista a Buenos Aires. Según informó De 12 a 14 (El Tres), los efectivos detuvieron a un colectivo que venía desde Bolivia. Detectaron a ocho personas con documentación en estado irregular. Una joven de 19 años “no tenía los papeles para ingresar”, dijeron los agentes, y fue retenida. Se suma a las ocho personas registradas en el despliegue del martes.
“Si la intención política real fuese la de promover la regularidad migratoria –siguió Carello–, se llevarían adelante «operativos de regularización» migratoria, acercando el organismo al territorio, a donde está la gente que más necesita el apoyo para acceder a la documentación necesaria para estar a derecho, migratoriamente hablando”.
Con el decreto 366 de 2025, el gobierno modificó el artículo 61 de la ley nacional y alteró un principio clave de la Dirección de Migraciones. Antes, la norma decía que al constatar una irregularidad en la documentación de un extranjero ese organismo «deberá conminarlo a regularizar». Con el cambio, «Migraciones podrá intimarlo a regularizar». Esa modificación sutil en una palabra le «da discrecionalidad, poder, a Migraciones para poder decir cuándo sí y cuándo no intimar a regularizar».
La abogada resaltó además que la regularización migratoria “es un beneficio para toda la comunidad, no solo para las personas migrantes, y por eso el Estado debe ser el primero en favorecerla”. Esa acción, bien hecha, “mejora la recaudación, reduce la informalidad y la explotación laboral, y fortalece el tejido social, entre otros”.
