La Procuración Penitenciaria (PPN) es un organismo público de carácter autónomo, ubicado en la esfera del Poder Legislativo de la Nación por la Ley 25.875 del año 2003, con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal. Las facultades y competencias de la PPN fueron fortalecidas y ampliadas mediante la sanción de la Ley 26.827 en el año 2012, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y designa a la Procuración Penitenciaria como mecanismo de prevención de la tortura en “todos los lugares de detención dependientes de autoridad nacional y federal” (art. 32).